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La nueva metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico del Régimen Especial, quizás está necesitada de una visión más global con un diseño de actuaciones más locales, a medio plazo. Es necesario, por tanto, un Pacto Social por una Energía Sostenible. Acaba de publicarse en el B.O.E número 75, del sábado 27 de marzo, el Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, sobre el Régimen Especial, que en los próximos meses será, sin duda, objeto de interés y debate para el sector, dando paso a nuevas reflexiones y propuestas.El citado Real Decreto tiene como principal objetivo la protección del medio ambiente, y la garantía de un suministro eléctrico de calidad para todos los consumidores a nivel estatal. Este Real Decreto viene a sustituir al Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre sobre producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o cogeneración, que desarrolla la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, en relación a la producción de energía eléctrica en régimen especial. No es prudente entender que las ventajas ambientales de todo orden que promueven estas energías han de ser encorsetadas dentro de una “cierta singularidad jurídica y económica frente al resto de instalaciones de producción eléctrica”. Subrayar que estas energías renovables no pueden ser entendidas sólo desde un punto de vista económico, sólo desde el punto de vista de la retribución, lo argumentaremos más adelante cuando se plantee la problemática del cumplimiento del Protocolo de Kioto. Hay que concebir la actividad administrativa de fomento aplicada a estas energías como una estrategia de medio y largo alcance para resituar la problemática energética y su auténtica realidad. Nuevo sistema retributivo El Real Decreto 436/2004 plantea la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial con la posibilidad de que su régimen retributivo se complemente con una prima, teniendo en cuenta los siguientes factores: nivel de tensión de entrega de la energía a la red, la contribución efectiva a la mejora del medio ambiente, el ahorro de energía primaria, la eficiencia energética y los costes de inversión. La aparición del Real Decreto 1432/2002 de 27 de diciembre, de metodología para la aprobación de la tarifa eléctrica media o de referencia, dotó al régimen especial de un nuevo marco regulatorio que ahora se completa con el recientemente aprobado por el Consejo de Ministros. Queda así diseñado, o al menos por el momento, el nuevo sistema retributivo de las renovables clásicas y de otras energías como la proveniente de la pila de combustible, la cogeneración, la valorización de residuos, las energías de las olas, las mareas, geotérmica, etc. La previsión que hace el Gobierno es que se invertirá en el fomento de estas fuentes energéticas hasta el año 2011, cerca de 5.742 millones de euros. El modelo que estableció el Real Decreto 2818/1998, se basaba en la retribución de un precio medio de mercado más una prima que se actualizaba anualmente. Sin embargo el nuevo sistema retributivo establece tres posibilidades. Por un lado, acudir al mercado (precio pool + 40% de la tarifa eléctrica media (TEM), más un incentivo sobre esa tarifa de un 10%). Por otro, la tarifa regulada más un porcentaje TEM que disminuirá con el paso de los años. Otra opción será la del sistema vigente precio de mercado más prima. Sin duda, cualquiera de las tres posibilidades de retribución tendrá que ser meditada por el sector. Las previsiones del Gobierno hablan de un incremento del régimen especial desde el 16% actual al 33% en 2011, con unas inversiones previstas hasta 2010 de 15.000 millones de euros y una potencia de 26.000 MW. Fuerte apoyo a la fotovoltaica Se apoya fuertemente a la solar fotovoltaica, potenciándose instalaciones de hasta 100 kW con una prima que antes sólo llegaba a las de 5 kW: en torno a 0,41 euros por kilovatio hora. Pero esto no basta, hace falta plantear a nivel estatal un gran plan para el fomento del aprovechamiento de la energía solar. No es justo que el impulso real dado, por ejemplo, a la solar térmica para agua caliente sanitaria en las nuevas construcciones,proceda hasta la fecha de municipios que con una alta preocupación por el medio ambiente, han puesto en marcha instrumentos jurídicos como la Ordenanza Solar de Barcelona (2000), o la Ordenanza para la Gestión Local de la Energía de Sevilla (2002). Mientras, el Código Técnico de la Edificación, sigue pendiente de aprobación definitiva. En cuanto a la biomasa, no se ha acertado en el diseño de una acción global. No obstante, a iniciativa del IDAE, el Gobierno aprobó en febrero la creación de una comisión para impulsar un plan de promoción de la biomasa, donde se tiene previsto participen 7 ministerios. Aunque un poco tarde, es ahora el momento de reaccionar.Pero la nueva situación suscitada tras los resultados de las últimas elecciones, exigirá repensar el papel de las energías renovables, su contribución a la cesta energética nacional, que tiene que ir entroncada con el cumplimiento de los objetivos de Kioto, de una mayor diversificación energética y de un aprovechamiento real de los recursos energéticos propios. Y todo esto hay que realizarlo tejiendo una fina tela de araña que conecte los objetivos energéticos de las comunidades autónomas con los del Estado, potenciando el papel de los Entes Locales y propiciando un sector energético renovable,propio, competitivo y tecnológicamente avanzado. Para todo ello, será necesario que a nivel estatal y con el concurso de todas las comunidades autónomas se diseñe un completo marco de acciones de fomento y fiscales que contribuyan por igual a apoyar estas tecnologías energéticas. No es razonable ni justo que sobre los entes locales recaiga la responsabilidad de impulsar medidas fiscales, principalmente bonificaciones fiscales. Quizás puede ser este un buen momento para clarificar las acciones a tomar en los próximos años en materia de subvenciones y bonificaciones fiscales. Sin duda le corresponde al Estado redefinir el marco fiscal, posibilitando cambios en el IRPF y en el Impuesto de Sociedades y a las comunidades autónomas en los propios de su competencia. Los objetivos de Kioto. El sector eléctrico es uno de los más afectados por la puesta en marcha de los mecanismos establecidos por el Protocolo de Kioto, que en la Unión Europea se ha concretado en la Directiva del Mercado de los Derechos de Emisión (Directiva 2003/87/CE). Existe una gran preocupación entre las grandes eléctricas, ya que la forma de articularse el cumplimiento de la Directiva puede propiciar algunos cambios en el panorama del sector. Las centrales de carbón serán penalizadas y, por lo tanto, las compañías con un mayor parque de generación basado en ciclo combinado de gas natural y en energías renovables partirán con ventaja, como sería el caso de Iberdrola, quedando en una situación más precaria Endesa y Unión Fenosa.Sin embargo no debemos de olvidar lo importante que es garantizar el suministro eléctrico nacional y mantener unos precios competitivos. Por todo ello, el anunciado Plan Nacional de Asignación de Emisiones no puede provocar la perdida de competitividad del sector energético y en particular el eléctrico, pero sí ha de poner orden y priorizar estrategias a futuro. ¿Se negoció con el criterio adecuado en su momento o se juzgo de poca importancia los compromisos adquiridos y ahora, 8 años después, esos compromisos pueden significar un serio revés para nuestros intereses? No seremos sancionados por la UE pero sí multados por el 30% del exceso emitido. Cuando el 1 de enero de 2005 entre en vigor la Directiva y hasta el 2007, estaremos en el primer periodo de aplicación. Parece ser que el Plan Nacional de Asignación de Emisiones, que debería estar ultimado el 31 de marzo de 2004, se retrasará hasta principios del otoño de 2004.Datos aportados por la patronal del sector UNESA, destaca que el precio de la electricidad se ha reducido el 36,4% en el periodo 1997-2003, lo que, sin duda, deja un margen de maniobra para asumir los costes de la aplicación de la Directiva. No es razonable, que dejen de acometerse actuaciones de bajo impacto pero de gran repercusión. No es posible, por ejemplo, que las nuevas viviendas que se construyan en España no cubran unos umbrales adecuados de eficiencia energética y no utilicen un recurso como el solar, al menos para calentar el agua caliente sanitaria. Con lo que ahorraríamos en torno a un 32% de la energía de origen fósil o nuclear que hoy consumimos.

Enrique Belloso es profesor de Derecho Administrativo de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Es también director de la Agencia de la Energía del Ayuntamiento de Sevilla y secretario de la Asociación Española de Agencias para la Gestión de la Energía, EnerAgen.
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